Convergencia Andaluza ha acusado al alcalde de Almuñécar de ofrecer un relato «basado en medias verdades, omisiones y afirmaciones que no se corresponden con los hechos» en sus recientes declaraciones sobre la sentencia del convenio urbanístico de Torre Galera.

La formación andalucista sostiene que todos los convenios urbanísticos fueron tramitados con los preceptivos informes favorables de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento. En este sentido, considera que, al calificar dichos convenios de ilegales, el regidor «pone en duda la labor y la honestidad de los propios funcionarios municipales».

Asimismo, recuerda que estos convenios fueron aprobados por el Pleno municipal el 16 de enero de 2007, coincidiendo con la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con 17 votos favorables de Convergencia Andaluza y del Partido Popular, incluido el del actual alcalde.

Convergencia Andaluza afirma también que la documentación municipal y los informes de Intervención acreditan que los ingresos obtenidos a través de aquellos convenios se destinaron a la ejecución de equipamientos e infraestructuras públicas como el Centro de Salud, el instituto del P-4, el Centro Cívico de La Herradura, instalaciones deportivas y otros servicios públicos que, según la formación, llevan dos décadas al servicio de la ciudadanía.

La formación plantea además por qué, tras la llegada del Partido Popular al gobierno municipal en 2011 con el apoyo de Izquierda Unida, no se continuó con la tramitación del PGOU, que ya había sido aprobado provisionalmente e incorporaba estos convenios con el respaldo del propio PP. Según sostiene, si el equipo de gobierno decidió renunciar a ese planeamiento, debía haber impulsado uno nuevo que recogiera esos acuerdos o asumir la devolución de las cantidades correspondientes.

En este sentido, Convergencia Andaluza critica que durante los quince años de gobierno del Partido Popular el PGOU aprobado provisionalmente permaneciera «guardado en un cajón», sin adaptarlo a la normativa urbanística andaluza ni aprobar un nuevo documento de planeamiento o resolver definitivamente el expediente. A juicio de la formación, esta situación ha provocado que la cantidad a devolver haya pasado de 9,8 a 20 millones de euros.

Por último, Convergencia Andaluza considera que los vecinos de Almuñécar y La Herradura «merecen una explicación completa y no sesgada» de lo ocurrido desde 2011 hasta la actualidad. La formación concluye que «un buen gestor es el que trabaja para solucionar los problemas encontrados o sobrevenidos, no se dedica a ir de víctima, reconoce su propia responsabilidad y no lo utiliza de excusa para tapar su propia incompetencia».