Las asociaciones militares ASFASPRO, AUME y UMT denuncian la falta de respuesta del Ministerio de Defensa y advierten del malestar de más de 130.000 efectivos ante la ausencia de reconocimiento institucional de la actividad militar como profesión de riesgo. Asimismo, muestran su apoyo a las movilizaciones de los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil tras el bloqueo de las negociaciones sobre esta reivindicación.

Madrid, 28 de octubre de 2026. Las asociaciones militares firmantes consideran que el silencio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante los quince días transcurridos desde la solicitud formal de una reunión para abordar la declaración de la actividad militar como profesión de riesgo supone, en la práctica, un rechazo similar al recibido por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según denuncian, la convocatoria de elecciones generales ha sido el argumento utilizado para poner fin anticipadamente a la mesa de negociación, impidiendo alcanzar un acuerdo. A juicio de las asociaciones, esta decisión supone dejar sin respuesta las demandas de quienes contribuyen a garantizar la seguridad y la operatividad del Estado.

Las organizaciones consideran incomprensible esta falta de respuesta institucional después de años en los que las Fuerzas Armadas han intervenido en situaciones de emergencia de extrema gravedad, como la pandemia de la COVID-19, el temporal Filomena, la erupción volcánica de La Palma, las inundaciones provocadas por las DANAs, las oleadas de incendios forestales y la crisis migratoria de Ceuta.

A estas actuaciones se suman los despliegues permanentes en complejas misiones internacionales, como las desarrolladas en el Líbano o las operaciones de evacuación en Irak. Las asociaciones subrayan que la entrega continuada del personal militar, así como los heridos y fallecidos en acto de servicio, evidencian los riesgos inherentes a la profesión militar.

ASFASPRO, AUME y UMT sostienen que más de 130.000 militares y sus familias se enfrentan a una situación que consideran injustificable. Por ello, reclaman que el reconocimiento institucional de las Fuerzas Armadas se traduzca en medidas concretas y en derechos profesionales consolidados, más allá de las felicitaciones protocolarias dirigidas a una institución que cuenta con una elevada valoración ciudadana.

Por último, las tres asociaciones reiteran su apoyo y solidaridad con los representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que permanecen encerrados en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad. De este modo, se suman a las reivindicaciones y movilizaciones de ambos colectivos en defensa del reconocimiento de sus respectivas actividades como profesiones de riesgo, una demanda que, según señalan, afecta a la dignidad y los derechos de todos los profesionales uniformados.