Granada: El PP y Asaja exigen al Gobierno que rectifique el decreto de ayudas y amplíe su alcance al 53% de la provincia afectada por el temporal
Reportaje Ramón Martín (Motril Digital)
Antonio Mancilla y Manuel del Pino anuncian iniciativas en Congreso y Senado para incluir a comarcas excluidas como Huéscar, Baza, Guadix, Montes Orientales, La Alpujarra, Valle del Zalabí y Valle de Lecrín.
El vicesecretario de Agricultura del PP granadino, Antonio Mancilla, junto al representante de Asaja Granada, Manuel del Pino, han anunciado la presentación de iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado para exigir la modificación del real decreto de ayudas aprobado por el Gobierno central tras el último temporal, al considerar que deja fuera al 53% del territorio provincial.
Desde la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Granada, Mancilla ha detallado que las comarcas excluidas son Huéscar, Baza, Guadix, Montes Orientales, La Alpujarra, Valle del Zalabí y Valle de Lecrín, zonas donde, según ha señalado, numerosos agricultores han sufrido daños en sus explotaciones, con cultivos anegados y pérdidas significativas.
El dirigente popular ha reclamado al Ejecutivo central que “revierta este decreto” y que incluya a todos los municipios afectados en la línea de ayudas, defendiendo que no se puede permitir que “el 53% de los agricultores en estos municipios se queden sin recibir apoyo”. En este sentido, ha subrayado que las iniciativas parlamentarias buscarán tanto la modificación del ámbito territorial como la revisión del planteamiento del decreto.
Mancilla ha comparado la respuesta del Gobierno central con la actuación de la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, destacando la “inmediatez” de la institución provincial en el anuncio de ayudas y reclamando la misma diligencia al Ejecutivo estatal.
Por su parte, Manuel del Pino ha incidido en que el decreto presenta, a su juicio, una contradicción al reconocer daños en toda la provincia en lo relativo a bienes municipales, pero limitar el alcance territorial en el caso de las explotaciones agrarias privadas. Ha señalado que si el propio texto admite afecciones en el conjunto del territorio provincial, no resulta coherente restringir las ayudas agrarias a determinadas zonas.
El representante de Asaja ha defendido además que las ayudas deben ajustarse al nivel real de perjuicio sufrido. Ha apuntado que no considera adecuado establecer un límite máximo uniforme de 25.000 euros cuando hay explotaciones cuyos daños superan esa cuantía, y ha defendido que, si el crédito es limitado, debe priorizarse a quienes hayan acreditado mayores pérdidas.
En cuanto al mecanismo de las ayudas, se ha explicado que el real decreto contempla pagos directos sin necesidad de solicitud expresa por parte de los agricultores, siempre que figuren en la relación de explotaciones que hayan presentado su declaración correspondiente y tengan ingresos agrarios declarados en 2024. La ayuda consistiría en un porcentaje —hasta el 30% de los ingresos agrarios— con un tope máximo de 25.000 euros, que sería ingresado directamente en la cuenta bancaria asociada a sus datos fiscales.
Otras medidas, como devoluciones del IBI o compensaciones vinculadas a seguros agrarios, sí requerirían solicitud por parte de los afectados o se articularían mediante mecanismos de compensación directa o indirecta.
Tanto el PP como Asaja han insistido en que seguirán trabajando para que el decreto sea modificado y se amplíe a la totalidad de la superficie provincial afectada, al considerar que los daños se han producido de forma extendida en distintas comarcas y explotaciones agrícolas de Granada.