
Frente Amplio ha presentado un paquete de medidas dirigido a mejorar las condiciones de los autónomos y del pequeño comercio que pasa por ofrecer facilidades para acceder a financiación, reducir las cargas fiscales y burocráticas y evitar que pierdan sus locales por subidas abusivas de los alquileres.
El cabeza de lista por el Congreso ha señalado que el programa de Frente Amplio es muy ambicioso al incorporar medidas para limitar el precio de los alquileres ante precios abusivos y acabar con las obligaciones trimestrales de los pequeños comercios y autónomos, que pasarían a realizar una única declaración anual.
Precisamente, una de las medidas más destacadas del programa es la implantación del IVA franquiciado para los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros al año, quedando exentos de cobrar el IVA. “Nuestros autónomos y las pymes necesitan una apuesta fuerte y firme para que puedan seguir dando vida a nuestras calles”, ha señalado Fernández, quien ha destacado el papel del comercio de proximidad como elemento fundamental para dinamizar los barrios y la economía local.
También ha anunciado que se penalizará a las grandes empresas y administraciones que abonen sus facturas a Pymes y autónomos fuera de plazo.
Los autónomos tampoco tendrán que adelantar de su bolsillo el IVA a Hacienda por facturas que sus clientes aún no les han pagado, tributando únicamente por el dinero que ha entrado en el negocio. Y aquellos que tengan ingresos inferiores al SMI anual se podrán beneficiar de una cuota bonificada siempre que haya causas objetivas, como las condiciones del mercado o el inicio de actividad.
Contratos por 5 años y créditos ICO
La coalición de izquierda contempla en su programa reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para impedir las subidas abusivas del alquiler de locales comerciales. Se establecerán contratos de un mínimo de 5 años y el derecho a la renovación, incluyendo indemnización por expulsión cuando sea por motivos especulativos. En zonas tensionadas por el turismo, los grandes propietarios de locales deberán sujetarse a un índice de precios de referencia.
Otra de las reformas previstas es la Ley de Segunda Oportunidades con el fin de evitar que las personas emprendedoras queden condenadas a una situación de ruina permanente tras el fracaso de un proyecto empresarial.
Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán beneficiarse de una línea de crédito público gestionada por el ICO, con un montante total de 3.000 millones de euros anuales, en condiciones ventajosas: tipos de interés reducidos (euríbor + 1 %) y garantías basadas en la propia actividad empresarial.
Entre sus compromisos también figura impulsar la digitalización de pymes y autónomos, facilitando el acceso a nuevas tecnologías, y simplificar los trámites administrativos mediante una ventanilla única y servicios de asesoramiento y acompañamiento.