OPINIÓN

Dolores Collantes (Comunera de la Comunidad de Regantes de la Vega de Motril).– En la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 21 de abril de 2026 en el Local Social de la Cooperativa Cañera Remolachera, el presidente de la Comunidad de Regantes de la Vega de Motril informó, antes de abordar el orden del día, de una decisión relevante: “La Junta de Gobierno ha acordado renunciar al Plan Regadía por no haberse alcanzado el quórum necesario, lo que implica, en este momento, la no ejecución del proyecto de modernización del regadío de la Vega de Motril”. Tal y como se expuso literalmente en la sesión: “Hemos desistido de acudir a este Plan Regadía puesto que no tenemos el quórum necesario para ir a la modernización… por ahora está descartado, pero no está finiquitado”.

Según se trasladó en la propia Junta, en la votación celebrada en la Junta General Extraordinaria del 18 de marzo se habrían registrado más votos a favor que en contra. Sin embargo, también se indicó que el proyecto requería el respaldo del 51% del total de los comuneros, un requisito que no se habría alcanzado. Es decir, aunque la propuesta habría obtenido mayoría en la votación, no cumpliría las condiciones necesarias para su aprobación dentro del marco del Plan Regadía.

Esta circunstancia plantea una cuestión que merece una reflexión serena: sin información completa no puede haber una decisión plenamente informada, y sin ella la voluntad de la Junta puede verse condicionada. Si la viabilidad del proyecto dependía no solo del sistema de votación habitual —basado en el voto ponderado por superficie—, sino también de un porcentaje mínimo de adhesión global, resulta razonable preguntarse si esta condición fue explicada con suficiente claridad antes de la votación y si todos los comuneros conocieron el alcance real de lo que se estaba decidiendo.

A ello se añade otro elemento relevante. En la Junta General Extraordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2025 no se remitieron notificaciones por carta certificada a los comuneros para garantizar el conocimiento efectivo de la convocatoria. Sin embargo, en la Junta del 18 de marzo de 2026 sí se utilizó este sistema de comunicación. Esta diferencia en el procedimiento de convocatoria adquiere especial importancia si, como ahora se señala, la participación efectiva era determinante para la viabilidad del proyecto.

Si la participación de los comuneros era un factor clave, cabe preguntarse si en todo momento se adoptaron las medidas más adecuadas para garantizar su información y participación en condiciones de igualdad, especialmente cuando esa participación resulta decisiva para el resultado final.

Por otra parte, se ha indicado que la renuncia al Plan Regadía no implica la desaparición definitiva del proyecto, sino su paralización en las condiciones actuales, lo que deja abierta la posibilidad de una futura reformulación. Esta situación introduce un elemento de incertidumbre, ya que el proyecto podría retomarse más adelante bajo otros criterios o circunstancias. A ello se suma que el expediente de modernización cuenta ya con varias impugnaciones que deberán ser resueltas por la Administración competente.

Por todo ello, la transparencia, la información completa y el respeto al derecho de los comuneros a decidir con pleno conocimiento no son una opción, sino una obligación, especialmente en un proyecto cuyo presupuesto ha pasado de 24 a más de 36 millones de euros sin una justificación técnica y económica suficientemente detallada.