El conflicto laboral en el servicio de ayuda a domicilio de Motril da un nuevo paso. CCOO Granada ha llevado ante la Inspección de Trabajo a Claros SCA, la empresa que gestiona este servicio municipal, al considerar que está incurriendo en “graves incumplimientos” del convenio colectivo que afectan directamente a las trabajadoras.

El sindicato pone el foco en varios aspectos de la organización laboral, entre ellos la jornada, la denominada bolsa de horas, los días de libre disposición, la asignación de turnos y servicios y determinados derechos vinculados al crédito sindical.

Claros SCA es la adjudicataria de un contrato del Ayuntamiento de Motril valorado en 22,44 millones de euros. Según CCOO, desde septiembre de 2025 la empresa viene aplicando unos criterios que vulnerarían los derechos recogidos en el convenio colectivo del sector.

Uno de los principales conflictos está en las horas de trabajo. El sindicato denuncia que la empresa no estaría abonando la compensación económica correspondiente cuando las trabajadoras superan su jornada, tal y como establece el I Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía. Sin embargo, sí estaría descontando de las nóminas las horas que quedan por debajo de la jornada prevista.

A esta situación se suman, según CCOO, los incumplimientos relacionados con los días de libre disposición y con los derechos sindicales, pese a existir incluso una sentencia del Tribunal Supremo sobre estas cuestiones.

El sindicato asegura que ha intentado en distintas ocasiones que la empresa rectifique y cumpla con lo establecido en el convenio, pero ante lo que considera “reiteradas negativas e incumplimientos” ha decidido trasladar el conflicto a la autoridad laboral.

CCOO también dirige la mirada hacia el Ayuntamiento de Motril. La organización sindical recuerda que el consistorio, como responsable de la licitación del servicio, debe garantizar que la empresa adjudicataria cumple la normativa laboral. Por ello, reclama que, si los incumplimientos persisten, se valore la reversión del contrato con Claros SCA.

El sindicato vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación que mantiene desde hace años: que los servicios vinculados a la Ley de Dependencia sean gestionados directamente por las administraciones públicas.