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Fotos UGR
La Costa de Granada se encuentra entre las zonas andaluzas más afectadas por la expansión de la alga asiática invasora Rugulopterix okamurae, un fenómeno ambiental que ya está teniendo consecuencias directas sobre el litoral, la pesca y el turismo de la provincia. Ante esta situación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado declarar de fuerza mayor y extrema necesidad la llegada masiva de arribazones de esta especie a las costas andaluzas, una medida que permitirá aliviar la carga económica que soportan los municipios costeros por la retirada y tratamiento de estos residuos.
La decisión permitirá aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, fijado en 30 euros por tonelada, una ayuda especialmente relevante para ayuntamientos que se ven obligados a actuar de manera continua para retirar toneladas de algas acumuladas en playas y zonas portuarias.
La Rugulopterix okamurae, originaria del Pacífico, fue detectada por primera vez en el entorno del Estrecho de Gibraltar en 2016 y desde entonces se ha expandido rápidamente por el litoral andaluz. En la actualidad, afecta a las cinco provincias costeras de Andalucía: Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería. En el caso granadino, la presencia de esta especie invasora ya es considerada “ampliamente afectada” por la Junta.
Las consecuencias son especialmente preocupantes para sectores clave de la Costa Tropical. En la pesca, la acumulación de biomasa dificulta el uso de artes tradicionales y obliga a los pescadores a detener faenas para limpiar y reparar redes, aumentando costes y reduciendo la rentabilidad. En las playas, los arribazones generan malos olores, fermentación y problemas de salubridad que afectan a la imagen turística del litoral y a las actividades vinculadas al sector.
La retirada de estas algas supone además un enorme esfuerzo económico y logístico para los municipios costeros. La biomasa llega de forma imprevisible y en cantidades masivas, lo que obliga a realizar actuaciones urgentes y constantes. Actualmente, la valorización de estos residuos es muy limitada debido a su elevada concentración de sales y arenas, por lo que la única salida viable sigue siendo su traslado a vertederos autorizados.
Con esta declaración de fuerza mayor, la Junta busca evitar que los ayuntamientos de la Costa de Granada tengan que asumir una penalización económica añadida por un fenómeno ambiental que consideran inevitable, extraordinario y sin un responsable directo, y cuya gestión resulta imprescindible por motivos de salud pública y protección ambiental.