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La posible reforma del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno central ha encendido las alarmas en la Costa Tropical, donde ayuntamientos, hosteleros y responsables políticos advierten de un cambio de modelo que podría afectar directamente a la continuidad de los chiringuitos en primera línea de playa. La eliminación de renovaciones automáticas y el refuerzo de los concursos públicos generan incertidumbre en municipios como Motril, Almuñécar y Salobreña.
El debate no es nuevo, pero ha vuelto con fuerza tras conocerse los detalles del anteproyecto que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica. La reforma plantea un giro en la gestión del dominio público marítimo-terrestre que, según el Ejecutivo, busca reforzar la transparencia, la libre concurrencia y la adaptación a criterios ambientales y europeos.
Sin embargo, en la Costa Tropical la lectura es muy distinta. Los gobiernos locales y el sector empresarial alertan de que el nuevo marco puede romper el equilibrio actual de las playas y poner en riesgo un modelo económico asentado desde hace décadas.
El principal punto de fricción es la eliminación de las renovaciones automáticas de concesiones. Con el nuevo sistema, cada explotación deberá someterse a procedimientos de concurrencia competitiva, lo que abre la puerta a que negocios históricos pierdan su ubicación en favor de nuevos adjudicatarios.
En Motril, el impacto se percibe con especial intensidad por el peso de sus playas y la concentración de chiringuitos en zonas como Poniente o Playa Granada, donde el sector hostelero es clave para el empleo estacional.
En Almuñécar, el temor se centra en la posible reordenación de espacios muy consolidados como San Cristóbal o Velilla, auténticos polos turísticos del municipio, donde la hostelería de playa forma parte de la identidad del destino.
Por su parte, en Salobreña, aunque el número de instalaciones es menor, preocupa el efecto que los cambios puedan tener sobre enclaves estratégicos como la playa de La Guardia y el equilibrio entre protección ambiental y actividad económica.
El sector advierte de que la falta de seguridad jurídica puede frenar inversiones en mejoras e infraestructuras, al no existir garantía de continuidad a largo plazo. Los ayuntamientos, por su parte, reclaman que cualquier modificación normativa tenga en cuenta las singularidades de cada costa y no imponga un modelo uniforme.
Mientras el Gobierno defiende que la reforma responde a exigencias de la Unión Europea y busca evitar concesiones cerradas, en el litoral granadino se impone la preocupación por un cambio que, según alertan los municipios, podría redefinir el futuro de uno de los pilares económicos del verano: los chiringuitos.