La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo remitió el pasado 28 de abril de 2026 una carta institucional a los representantes políticos que concurren a las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo, en la que solicitó un compromiso firme, público y verificable con la ejecución definitiva de las canalizaciones del sistema Béznar–Rules.
A través de su presidente, Maximino Prados Rodríguez, la entidad trasladó una reivindicación histórica del sector agrícola de la Costa Tropical de Granada, considerando esta infraestructura como “imprescindible para garantizar el desarrollo económico, social y ambiental de la comarca”.
La Comunidad General de Regantes denunció que, a pesar de contar con recursos hídricos almacenados en los embalses, numerosas explotaciones agrícolas continúan sin acceso al agua necesaria para sus cultivos. Esta situación obliga a muchos agricultores a recurrir a acuíferos sobreexplotados, afectados además por problemas de salinización y elevados costes energéticos.
Según la entidad, la agricultura representa cerca del 70 % de la economía comarcal y se enfrenta a un riesgo real si no se adoptan medidas urgentes.
Entre los principales obstáculos señalados por los regantes figura el actual modelo de financiación de las canalizaciones, que consideran traslada una carga económica “inasumible” al sector agrícola.
Con un coste estimado cercano a los 500 millones de euros, la Comunidad de Regantes advirtió de que pequeños y medianos productores no pueden asumir este esfuerzo sin comprometer la viabilidad de sus explotaciones y el necesario relevo generacional.
Asimismo, la paralización de proyectos debido a la exigencia de avales millonarios pone de manifiesto, según la entidad, la necesidad de revisar de forma urgente el modelo actual de financiación.
La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo reclamó a las distintas formaciones políticas la inclusión en sus programas electorales de varias medidas concretas:
Desde la entidad se subrayó que las canalizaciones no constituyen únicamente una obra hidráulica, sino una infraestructura estratégica de interés general que permitirá generar empleo, fijar población en el territorio, garantizar la sostenibilidad del sistema agrícola y mejorar la gestión del agua reduciendo la sobreexplotación de acuíferos.
La Comunidad General de Regantes destacó además que se trata de “una cuestión de justicia con un territorio que lleva más de dos décadas esperando soluciones reales”.
Finalmente, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo hizo un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que asuman este reto histórico.
La entidad concluyó que “los agricultores no pueden ni deben asumir en solitario el coste de una infraestructura que es estratégica para toda la sociedad”, recordando además que “sin agua, no hay agricultura y sin agricultura, no hay futuro”.