Foto Paulino Martínez Moré (Motril Digital)

Una investigación policial de más de un año ha terminado siguiendo el rastro de unos correos electrónicos manipulados hasta un domicilio de Motril. Allí se situó el origen de varias comunicaciones presuntamente fraudulentas que habrían sido utilizadas para intentar conseguir una plaza en la bolsa de empleo de celadores del Servicio de Salud de Castilla y León (SACyL), según publica Europa Press.

La Policía Nacional de Valladolid ha dado por concluida la investigación después de que los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León alertaran, en julio de 2025, de la existencia de mensajes electrónicos que presentaban indicios de haber sido manipulados para alterar el desarrollo de un procedimiento administrativo.

Según las pesquisas, el investigado habría recurrido a una elaborada estrategia para dar apariencia de autenticidad a sus comunicaciones. Para ello, habría utilizado una dirección de correo corporativa de la Administración autonómica, además de incorporar logotipos oficiales, escudos y cláusulas de confidencialidad que pretendían reforzar la credibilidad de los mensajes.

La trama habría incluido incluso la creación de una identidad profesional ficticia, haciéndose pasar por abogado para remitir escritos al organismo encargado de gestionar la bolsa de empleo. En otra de las actuaciones detectadas, se habría manipulado una respuesta auténtica de la Administración, incorporando párrafos falsos con los que se pretendía respaldar la validez de su propia candidatura.

El rastro digital acabó siendo determinante. Los agentes analizaron las cabeceras de los mensajes y rastrearon las direcciones IP desde las que se habían enviado, una labor que permitió localizar el origen de las comunicaciones en una vivienda de Motril. Las comprobaciones también revelaron que los datos utilizados correspondían a un abogado real colegiado en otra provincia, mientras que el supuesto despacho profesional figuraba ubicado en Plasencia (Cáceres).

Tras completar las diligencias, la Policía Nacional ha identificado al vecino de Motril como presunto responsable de los hechos y ha puesto la investigación a disposición de la autoridad judicial por un posible delito de falsificación de documento público.

El caso pone de manifiesto hasta dónde puede llegar la manipulación de documentos y comunicaciones electrónicas para intentar alterar un procedimiento de contratación pública. Lo que comenzó con la sospecha de unos correos irregulares en Castilla y León terminó conduciendo a los investigadores hasta la Costa Tropical, donde se encontraba el origen de los mensajes.