Cuando ni siquiera hemos terminado el mes de julio, 150.000 hectáreas han ardido en España en lo que llevamos de 2026. Es una superficie inmensa, con millones de árboles, tierras de pasto, fincas, poblaciones y sobre todo con un patrimonio material e inmaterial difícil de medir y cuantificar, pero cuyo valor es sin duda incalculable.
Ante la dramática situación que estamos atravesando en este 2026, que se suma a la vivida en los años anteriores, cuando el drama de los incendios nos viene golpeando de forma recurrente, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) publica el siguiente comunicado para tratar de aportar en la resolución de este inmenso problema que afecta a nuestro país:
España está de luto por incendio. No es la primera vez que lo estamos, ni será la última. Pero más allá de llorar nuestra pérdida debemos asumir nuestra responsabilidad –cada uno la suya– para tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Muchas cosas se están haciendo mal, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, que están contribuyendo a que los incendios forestales sean cada año más frecuentes, más dañinos y más difíciles de extinguir. Algunas de esas cosas escapan a nuestro control, pero otras sí están en nuestras manos, y no podemos demorar más ponerlas en marcha.
El problema de los incendios forestales crece año tras año. La ciencia lleva años demostrando que el calentamiento global es un hecho con consecuencias diversas, y una de esas consecuencias es que afrontamos veranos muy cálidos, muy secos y con condiciones climatológicas que convierten el campo en un polvorín tremendamente frágil ante el inicio de un fuego.
Parece evidente que, si el cambio climático es un factor crítico que agrava los fuegos, debemos luchar contra dicho cambio sin demora. La lucha contra el calentamiento global debe consistir en mitigación (de las emisiones) y adaptación a las nuevas condiciones que son ya un hecho patente. España es, además, un país muy vulnerable por nuestras características geográficas y climáticas.
La situación de los incendios año tras año ha llegado a un punto de gravedad que nos obliga a actuar de inmediato, a todos los niveles, pero especialmente a nivel político, pues es la herramienta de la que disponemos los Estados democráticos para resolver nuestros problemas. Y he aquí una de las claves: los políticos, de toda ideología, deben trabajar para hacernos más fuertes ante este drama, y no al revés. Deben cesar toda discusión inútil y ponerse a colaborar, con el asesoramiento de expertos y técnicos y escuchando a las organizaciones que representamos a la sociedad civil, para afrontar este terrible problema.
Todo es cuestión de dinero, dicen algunos. No les falta razón. Necesitamos más presupuesto, bien gestionado y repartido, para hacer frente a los incendios. Debemos priorizar la prevención a la extinción, impulsando la limpieza de montes y de parcelas abandonadas, así como estableciendo cortafuegos, reservas de agua y mantenimiento activo del territorio. Es urgente mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales de la prevención y extinción de incendios para disponer de equipos bien preparados. Hay que contar con los habitantes del medio rural en las labores de prevención, contando con nuestra opinión y nuestra experiencia.
Los agricultores y agricultoras tenemos mucho que aportar frente al fuego. En primer lugar, somos los más interesados en proteger el medio en el que vivimos y del cual vivimos. Estos días sentimos miedo al salir a cosechar, cosa que no hacemos por capricho: Es ahora cuando los cereales deben ser recogidos, pues llegan al final de su ciclo productivo. Y decimos miedo porque nadie quiere sufrir un accidente, nadie quiere provocar un incendio. Por ello urge aplicar medidas de prevención lógicas y coherentes, que minimicen el peligro cuando las temperaturas suben, la humedad se desploma y el viento arrecia. Y junto a las medidas un sistema que asegure las pérdidas que estos retrasos tienen en las explotaciones.
Ante un fuego, los agricultores somos los primeros siempre en ofrecer nuestra ayuda sin esperar nada a cambio. Ponemos nuestros tractores, nuestro trabajo y nuestros conocimientos al servicio de la sociedad, colaborando con el resto de efectivos especializados en las labores de extinción. Pero eso sí, esta película no va de héroes. Va de una gestión profesional y eficaz de una situación compleja. No queremos jugarnos la vida cada verano cuando la vulnerabilidad aumenta. Debemos confiar en los medios de extinción profesionales y trabajar junto a ellos.
España debe luchar con más fuerza contra el abandono del territorio y la despoblación, ya que muchas zonas interiores sin cultivo o pastoreo resultan más vulnerables al fuego. Urge integrar los incendios en la agenda del medio rural como parte de la emergencia climática: actuar “ya” desde todos los ámbitos –administración, sociedad, sector agrario– para que el fuego no se convierta en una causa más de despoblamiento y abandono del medio rural. No basta con dejar que la transición avance, hay que impulsarla deliberadamente, con estrategia y velocidad.
Debemos apoyar a la agricultura y ganadería familiar, que se estructure en base a un mosaico de monte, pasto, cultivos y poblaciones, que es la distribución territorial más resiliente frente al fuego.
La ganadería está sufriendo pérdidas irreparables. El fuego arrasa explotaciones, destruye pastos imprescindibles para alimentar al ganado y devasta un medio natural del que depende nuestra forma de vida.
El Gobierno debe aprobar un Plan Estatal de Ganadería Extensiva, así como ayudas específicas en la PAC para valorar su contribución en la reducción de la vegetación combustible y el mantenimiento del territorio. Mucho se habla de las cabras, ovejas y vacas bomberas, pero las ayudas son casi inexistentes por realizar esa labor de desbroce.
Más ganadería extensiva significa menos incendios, o al menos incendios más fáciles de apagar, pero España ha perdido cinco millones de ovejas en diez años. Si no actuamos para que haya más ganado en nuestros montes, estaremos perdiendo una oportunidad de oro para desbrozar de forma natural. El fuego sólo se puede evitar y frenar cuando hay actividad agrícola y ganadera.
Es prioritario que todas las Administraciones y los políticos y políticas que las dirigen se reúnan, se coordinen y actúen conjuntamente mucho más allá de hacerse la foto cuando ya está aquí un macro-incendio.
Necesitamos mucha más inversión pública sostenida en prevención activa: limpieza de montes, cortafuegos, reservas de agua y generación de empleo rural, junto con la “urgente” mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales.
Hay que plantear estrategias a largo plazo. Esto no se resuelve desde luego en verano, ni siquiera en un invierno. Hablamos de gestionar nuestro territorio, nuestros pueblos, nuestros campos y nuestra casa. Lo que no gestionemos nosotros, lo hará el fuego. Para ello, la burocracia debe facilitarnos la vida, no complicárnosla, para que mantengamos el monte en las mejores condiciones.
A corto, necesitamos un sistema de seguros agrarios que permita que sigamos con nuestra actividad, que sea un verdadero colchón de seguridad frente a los efectos del cambio climático. Los incendios no son sino una cara más de los efectos de la emergencia climática que sufrimos.
La Unión Europea no puede mirar para otro lado ante esta crisis que sufrimos sobre todo las zonas del sur, pero cuyos efectos van ya extendiéndose cada vez más al norte. Europa debe destinar fondos a la prevención y extinción del fuego.
Necesitamos un fondo europeo de emergencia climática y una mayor ambición en la transición ecológica, en todo lo que respecta a mitigación, adaptación y respuesta a catástrofes vinculadas al cambio climático, reconociendo el papel clave del medio rural en la resiliencia frente al fuego.
Los habitantes del medio rural nos sentimos vulnerables frente a los incendios forestales. Vemos que ya no solo peligran nuestras fincas y montes, sino también nuestras viviendas y nuestro patrimonio. Hay que tomar medidas ya. O actuamos desde todos los ámbitos o el fuego se convertirá en una causa más del despoblamiento y el abandono de amplias zonas rurales.
Tenemos derecho a vivir seguros en nuestros pueblos, en invierno y en verano, cuando se acerca un fuego o viene una tormenta. Para ello, deben reforzarse los cuerpos de bomberos, pues no están siendo suficientes para apagar los fuegos de sexta generación que son cada días más frecuentes y virulentos.
Ante una situación dramática como la que estamos viviendo, desde luego tenemos derecho a llorar nuestra pérdida, patrimonial y medioambiental, tenemos derecho a cabrearnos y sobre todo tenemos derecho a reclamar a nuestros representantes políticos que actúen ya. Sin excusas. Sin demora. Creemos que hemos llegado ya a un punto de inflexión.
Que nuestros hijos e hijas no puedan decirnos, dentro de unos años, que mientras discutíamos, España se quemó. Frente a los bulos, ciencia. Frente a la discusión vacía, debate de propuestas. Frente a políticos que no quieran actuar, que otras Administraciones asuman sus responsabilidades.
El medio rural lanza hoy este grito de socorro. Se nos está quemando el país, un año detrás de otro, y cada vez es peor. Trabajemos juntos para afrontar este problema. No podemos permitirnos no hacerlo.