La Audiencia Provincial de Granada juzga este miércoles a un hombre acusado de seguir cobrando durante 22 años la pensión de viudedad de su madre después de que esta falleciera. La Fiscalía sostiene que el acusado nunca comunicó el fallecimiento y que llegó a percibir de forma indebida más de 210.000 euros.
La historia que llegará este miércoles a la Audiencia Provincial de Granada comenzó en marzo de 1996, cuando falleció la madre del acusado. Según mantiene el Ministerio Público, su muerte no puso fin a una prestación que ya no podía seguir percibiéndose. La pensión de viudedad continuó ingresándose y, durante los siguientes 22 años, el dinero habría seguido llegando a una cuenta bancaria de la que eran titulares tanto la mujer como su hijo.
El supuesto fraude se prolongó hasta diciembre de 2018. Durante todo ese periodo, según el escrito de acusación, el hombre habría dispuesto de las mensualidades de una pensión cuyo titular había fallecido más de dos décadas antes. La cantidad que la Fiscalía considera indebidamente percibida asciende a 210.210 euros.
El procedimiento se centra ahora en determinar qué ocurrió durante esos años y, especialmente, si el acusado conocía que estaba cobrando una prestación que había dejado de corresponder a su madre y decidió ocultar su fallecimiento a la Seguridad Social.
La Fiscalía acusa al hombre de un delito continuado de fraude de prestaciones de la Seguridad Social y solicita para él cinco años de prisión, además de una multa de 350.000 euros. También reclama que indemnice a la Seguridad Social con 168.927 euros y que durante siete años no pueda acceder a determinadas subvenciones o beneficios fiscales.
Uno de los elementos centrales de la acusación es la cuenta bancaria en la que se ingresaba la prestación. Madre e hijo figuraban como titulares, según sostiene el Ministerio Público, una circunstancia que habría permitido que los pagos continuaran realizándose pese al fallecimiento de la beneficiaria.
La Fiscalía también sitúa parte de la responsabilidad en la entidad financiera, a la que atribuye la falta de comunicación del fallecimiento y de los controles de vivencia que, a su juicio, habrían permitido detectar antes la situación.
El banco ha reintegrado ya a la Seguridad Social 41.282 euros, correspondientes a las cantidades abonadas durante los últimos cuatro años. La acusación pública reclama además que la entidad responda como responsable civil subsidiaria por las cantidades que finalmente determine el tribunal.
Más de dos décadas sin que se interrumpieran los pagos
El caso llama especialmente la atención por el tiempo transcurrido entre el fallecimiento de la mujer y el final de los cobros. Entre 1996 y 2018 se sucedieron más de doscientas mensualidades de una prestación que, según la Fiscalía, dejó de tener derecho a percibirse con la muerte de su titular.
Será ahora la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada la encargada de examinar las pruebas y determinar si el acusado incurrió en el delito que se le atribuye.
Hasta que exista una sentencia, el hombre mantiene su presunción de inocencia. Lo que la Fiscalía describe como un fraude prolongado durante 22 años tendrá que ser acreditado ante el tribunal, que deberá establecer tanto la responsabilidad del acusado como, en su caso, las consecuencias económicas derivadas de los cobros.