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Reportaje Ramón Martín (Motril Digital)
Unas 10.000 personas, según la policía local, han recorrido esta tarde las calles más céntricas de Granada para reclamar medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y frenen el encarecimiento de los alquileres. La movilización, convocada en defensa del derecho a la vivienda, ha atravesado algunos de los principales espacios del centro de la ciudad, convirtiéndose en una protesta multitudinaria en la que se han escuchado reivindicaciones dirigidas tanto a las administraciones locales y autonómicas como al Gobierno central.
Entre las principales demandas planteadas durante la manifestación se encuentra la bajada de los alquileres, ante el incremento de las rentas y las dificultades que afrontan cada vez más familias y trabajadores para poder mantener su vivienda. Los manifestantes han reclamado también una mayor estabilidad para los inquilinos, con contratos de mayor duración y fórmulas que eviten que las familias queden expuestas a continuas subidas o a la pérdida de su vivienda.
La protección frente a los desahucios, especialmente en el caso de familias y personas en situación de vulnerabilidad, ha sido otra de las reivindicaciones centrales de la protesta. Las organizaciones participantes han reclamado mecanismos que permitan evitar que quienes no pueden hacer frente al coste de la vivienda terminen en la calle y han defendido la necesidad de reforzar las alternativas habitacionales.
La marcha también ha puesto el foco en la necesidad de incrementar el parque público de vivienda y ampliar la oferta de alquileres asequibles. Para los colectivos convocantes, las administraciones deben aumentar la intervención pública en materia de vivienda para hacer frente a un mercado que, según denuncian, está dejando fuera a una parte creciente de la población.
Otro de los mensajes trasladados durante la movilización ha sido el rechazo a la especulación inmobiliaria y al papel de los fondos de inversión en el mercado residencial. A ello se suma la preocupación por la transformación de viviendas destinadas al uso residencial en alojamientos turísticos, una práctica que los manifestantes consideran que puede contribuir a reducir la oferta disponible para los vecinos y favorecer la expulsión de residentes de determinados barrios.
En el ámbito estatal, las organizaciones de inquilinos reclaman asimismo medidas para limitar las subidas de los alquileres y facilitar la prórroga de los contratos, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad a quienes viven de alquiler.
La protesta de Granada se ha desarrollado en un contexto de creciente preocupación social por el precio de la vivienda. Durante el recorrido, las reivindicaciones se han sucedido entre pancartas y consignas que reclamaban que el acceso a una vivienda no quede condicionado únicamente por la capacidad económica de las familias.
La movilización ha convertido durante la tarde las principales calles del centro de Granada en el escenario de una reivindicación que trasciende el ámbito estrictamente residencial: el acceso a una vivienda asequible, estable y digna como una de las principales demandas sociales planteadas por los participantes.