El Supremo estrecha el cerco en el ‘caso Koldo’ y obliga a comparecer cada 15 días a dos empresarios granadinos
La investigación del conocido como ‘caso Koldo’ sigue su curso en el Tribunal Supremo con nuevas medidas cautelares que afectan a empresarios de Granada. El alto tribunal ha impuesto comparecencias quincenales a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), tras declarar este viernes ante el magistrado instructor.
Ambos empresarios se encuentran entre los investigados por presunta participación en una red de comisiones ilegales ligadas a contratos públicos, supuestamente facilitados mediante contactos políticos durante la etapa del exministro José Luis Ábalos. Aunque han negado haber abonado mordidas o beneficiarse de favores irregulares, el juez ha considerado necesario mantenerlos bajo control judicial mientras se desarrollan nuevas diligencias.
Las comparecencias no son las únicas restricciones impuestas en la jornada. A otro de los citados, José Ruz, empresario vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción, se le ha retirado el pasaporte y deberá presentarse también ante la autoridad judicial cada quince días.
La investigación del Supremo, que se ha ido ramificando desde el estallido del caso a principios de año, apunta a una estructura compleja de intermediación y supuestos favores dentro de la contratación pública. Bajo la lupa están adjudicaciones relacionadas con obras en varias comunidades autónomas y una supuesta red de comisionistas que habría operado con cobertura institucional.
Los empresarios granadinos forman parte de un grupo más amplio de investigados que están siendo citados progresivamente por el alto tribunal, tras el traslado del caso desde la Audiencia Nacional por la posible implicación de aforados. A pesar de la presión mediática y judicial, los implicados han mantenido su versión exculpatoria.
Desde Granada, el caso ha sido seguido con especial atención al tratarse de empresarios con una fuerte presencia en el sector de la obra pública y con vínculos comerciales de largo recorrido. Por el momento, el juez no ha decretado prisión preventiva para ninguno de ellos, pero el avance de la investigación podría modificar el escenario procesal en las próximas semanas.
Mientras tanto, el caso sigue ampliando su alcance, con nuevas citaciones previstas y con la mirada puesta en las posibles conexiones políticas que podrían derivarse del análisis de documentación incautada en fases anteriores de la instrucción.