IU reclama al juzgado de Motril un calendario claro para el caso García Chamorro
Izquierda Unida ha reclamado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril que agilice las diligencias y establezca un calendario claro para la resolución del caso que investiga a la alcaldesa, Luisa García Chamorro, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La formación denuncia que la causa, abierta tras una denuncia interpuesta en octubre de 2021, lleva más de tres años y medio en fase de instrucción sin avances significativos.
Desde IU critican que esta dilación, marcada por continuos aplazamientos y la ausencia de progresos, no solo mina la confianza ciudadana en el sistema judicial, sino que mantiene una situación de incertidumbre perjudicial para la imagen institucional de Motril y el derecho de sus habitantes a una administración transparente.
El caso investiga el presunto uso indebido de 12.151 euros de fondos públicos procedentes del grupo municipal del Partido Popular y de la Diputación de Granada para costear las costas procesales de una condena impuesta a García Chamorro a título personal. La vista preliminar prevista para el 19 de junio de 2024 fue pospuesta nuevamente por la necesidad de incorporar documentación bancaria y valorar la posible inclusión de un testigo como investigado. Hasta la fecha, no se ha anunciado una nueva fecha para su celebración.
Izquierda Unida considera especialmente grave que el proceso siga estancado mientras la alcaldesa continúa al frente del Ayuntamiento de Motril y gestiona un presupuesto de más de 64 millones de euros para el ejercicio 2025. En este contexto, insisten en la necesidad de ejemplaridad y responsabilidad institucional, más aún cuando la magistrada que instruye el caso ha señalado como no justificados 2.031 euros del total investigado.
A esta situación se suma la polémica retribución de la alcaldesa, cuyo salario anual bruto asciende a 72.000 euros tras un incremento del 19 % aprobado en junio de 2023, que la situó, en ese momento, por encima del presidente de la Junta de Andalucía. El aumento salarial también benefició a los tenientes de alcalde, cuyos sueldos pasaron de 40.000 a 59.000 euros anuales, un 31 % más. Estas subidas fueron calificadas por la oposición como “desproporcionadas” y “carentes de sensibilidad” en un contexto de crisis económica para muchas familias.
“La ciudadanía no entiende que quien está siendo investigada por un posible delito de malversación siga percibiendo un sueldo tan elevado mientras la justicia no resuelve el caso”, ha manifestado el coordinador local de IU, José G. Llorente. Según Llorente, cada día de retraso fortalece la sensación de impunidad y erosiona la credibilidad de las instituciones democráticas.
Izquierda Unida subraya que la justicia solo es efectiva si actúa con celeridad, y advierte que no se puede permitir que la lentitud judicial se convierta en un escudo para eludir responsabilidades políticas. La formación ha trasladado su preocupación a la Administración de Justicia y no descarta elevar una queja ante el Defensor del Pueblo ante la falta de respuesta sobre los plazos del proceso.
“Emprenderemos todas las acciones necesarias para evitar que este caso quede en el olvido, enterrado entre disputas partidistas y campañas de descrédito contra el Estado de derecho”, ha concluido Llorente.