Menmi Sáez, vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal, denuncia que la nueva ordenanza municipal de residuos de Motril convierte las promesas electorales del Partido Popular de no subir impuestos en un nuevo incremento de la presión fiscal sobre vecinos, autónomos y comerciantes.

Sáez considera que en Motril se está produciendo «un ejercicio de prestidigitación política digno de estudio»: mientras la alcaldesa, Luisa García Chamorro, prometió no subir los impuestos e incluso bajarlos, el Gobierno municipal del PP habría optado por incrementar la carga fiscal de buena parte de la ciudadanía a través de nuevas tasas.

La vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal recuerda que este mismo modo de proceder se ha producido, a su juicio, en la Junta de Andalucía. «Juanma Moreno prometió quitar el canon autonómico del agua y no solo no lo ha quitado, sino que nos lo ha encarecido en más de un 30%», señala.

Ahora, apunta Sáez, «le ha tocado el turno a la basura». La representante socialista critica que la nueva ordenanza municipal se haya aprobado «a la bulla, sin reflexión política ni rigor argumentario», y sostiene que la principal obsesión del Gobierno local del PP ha sido cuadrar la recaudación para hacer frente al multimillonario contrato de la empresa concesionaria: 123 millones de euros durante 12 años.

«Vemos desfilar por la ciudad llamativos vehículos azules impecables, pero para la inmensa mayoría de los vecinos eso no se traduce en un Motril más limpio», afirma Sáez. En este sentido, denuncia que las calles continúan desatendidas, los contenedores aparecen desbordados y los barrios periféricos siguen sufriendo deficiencias en la prestación de los servicios públicos.

Para Sáez, el sistema elegido para calcular la tasa también resulta «tramposo». Critica que se utilicen únicamente los metros cuadrados como criterio para la basura doméstica y considera especialmente llamativo que este modelo pueda beneficiar a determinadas nuevas promociones de apartamentos frente a la vivienda tradicional.

«¿Por qué no han incluido más criterios que permitan adecuar la tasa a la capacidad económica de cada ciudadano y a la generación real de residuos?», pregunta la vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal.

En relación con la basura industrial, Sáez alerta de que la nueva ordenanza supone «un golpe mortal para nuestro comercio de proximidad, nuestras pymes y nuestra hostelería». Según explica, existen recibos que experimentan incrementos de hasta un 356,47%.

Como ejemplo, señala el caso de una tienda de productos perecederos que ha pasado de pagar 258,73 euros en 2025 a 1.181 euros en 2026. «Son 927,27 euros más por el mismo servicio», denuncia.

«Supongo que para el equipo de Gobierno esta debe ser su particular forma de incentivar el comercio local: ahogándolo antes de que abra la persiana», ironiza Sáez.

La responsable socialista plantea además una pregunta que, a su juicio, debería responder el Gobierno municipal: «¿Cuántas barras de pan o kilos de fruta tienen que vender nuestros comerciantes para asumir un sablazo de casi 1.000 euros más por el mismo servicio?».

Sáez rechaza asimismo que el Ayuntamiento trate de justificar estas subidas responsabilizando exclusivamente al BOE. «Que no nos mientan acusando al BOE», reclama. Recuerda que la Ley estatal 7/2022 establece la obligación de financiar el servicio, pero que sus artículos 11 y 18 permiten introducir medidas para incentivar la actividad económica responsable.

En este sentido, pone como ejemplo a otros municipios que, según explica, han adoptado medidas para proteger al pequeño comercio y a la hostelería. «Sevilla aplica reducciones a comercios que inician actividad, bonifica a establecimientos que utilizan bolsas biodegradables e incluye rebajas cuando las obras públicas afectan al acceso comercial», señala. Añade que en otros municipios, como Cádiz, se aplican descuentos a actividades que contribuyen a combatir el desperdicio alimentario.

«En Motril, sin embargo, el PP ha aprobado un texto vacío de incentivos y completamente de espaldas al tejido productivo», critica Sáez.

La vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal también cuestiona las explicaciones ofrecidas por el concejal Juan Fernando Hernández. Recuerda que durante el Pleno Extraordinario del 10 de octubre de 2025 defendió que la ordenanza no supondría una subida de la tasa para autónomos y comerciantes.

«Viendo el desastre en los recibos, ahora cambia la versión sin despeinarse y dice que se refería a la doméstica», señala Sáez. A su juicio, este cambio de posición demuestra «una improvisación vergonzosa, una absoluta falta de rigor y un desconocimiento sonrojante de lo que ellos mismos aprobaron».

«O bien —y prefiero no pensar mal— estamos ante otra “mentira propagandística” dentro del habitual modus operandi de este equipo de Gobierno del PP», añade.

Para Sáez, el resultado final es «una ordenanza que es una improvisación calculada, bajo la excusa de la celeridad, y que ha conllevado una tasa abusiva».

La dirigente socialista recuerda que el Gobierno municipal conocía desde 2022 que esta normativa debía aplicarse y subraya que el Partido Popular a nivel nacional «no votó en contra de esta ley, sino que se abstuvo».

Además, Sáez pone el foco en los informes técnicos de la propia consultora contratada, que advierten de que a partir de 2027 la empresa concesionaria ajustará los precios conforme al VEC, el Valor Estimado del Contrato.

Por ello, la vicesecretaria de Comunicación y Política Municipal lanza una pregunta directamente a la alcaldesa: «¿Eso significa otro hachazo fiscal para nuestros comerciantes y vecinos?».

Sáez concluye defendiendo que «gobernar no es meter la mano en el bolsillo del comercio local ni culpar a Madrid». A su juicio, gobernar significa «apoyar al tejido productivo y premiar a quien recicla, separando mejor y generando menos residuos».

«De eso trata precisamente la ley: de avanzar en sostenibilidad sin asfixiar al ciudadano», afirma.

Finalmente, Menmi Sáez reclama al Gobierno municipal una modificación de la ordenanza para hacerla «justa y de verdad ecológica», y no convertirla, concluye, «en este castigo fiscal para vecinos, autónomos, comerciantes y hosteleros».